La violencia desatada por el hampa común en estos últimos tiempos, nos hace reflexionar de lo mal que está marchando el país; siendo el reflejo fiel de la falta de gobierno, pues nos encontramos como un barco a la deriva sin control y sin rumbo al no tener gobernantes que lo guié a feliz puerto.
Esta ausencia de poder se refleja en la falta de decisión y coraje por parte del gobierno, para llevar a cabo una política clara y efectiva y así combatir y reprimir dura mente la delincuencia desbordada, que se ha apoderado de las calles bajo el amparo de la oscuridad de la noche y la impunidad de la justicia venezolana para cometer sus crímenes y fechorías.
La historia se repite como el cuento de nunca acabar, al ver con indignación como a diario se reseña en la prensa las decenas de muertes que se cometen en las principales capitales del país a manos del hampa común, bajo la mirada impotente e indolente de los cuerpos policiales y la desidia del gobierno nacional, que no ha comprendido de una vez por todas las verdaderas dimensiones del problema que representa la delincuencia en este país como repercute en la sociedad venezolana, ya que los altos personeros gubernamentales no sufren en carne propia como el ciudadano común las arremetidas del hampa, al no sentirse amenazados y angustiados de ser asaltados, asesinados, violados y vejados, pues tienen sus guarda espaldas pagados con el dinero del Estado que los proteja.
En el ambiente de las principales ciudades del país se percibe el temor y la angustia de la ciudadanía, que se ve en la imperiosa nece4sidad de armarse hasta los dientes para defenderse ante la total indefensión en la que vive, o encarcelarse entre rejas, murallas y alcabalas en sus casas para contener un poco el auge delictivo.
La gente está en zozobra y vive en una especie de paranoia colectiva, ante el peligro inminente de ser atracado o asesinado al salir a la calle para realizar labores cotidianas.
Pues el gobierno nacional regional debe garantizar la vida, la seguridad personal y los bienes materiales de los venezolanos como está estipulado en la Constitución nacional.
El Estado ha perdido el control absoluto del problema de la delincuencia en este país, se le ha escapado de las manos su solución, que no sólo consiste en reprimirla y combatirla ferozmente ; sino mejorar las condiciones de miseria y hambre en que vive la mayoría de los venezolanos, siendo esto un caldo de cultivo para el auge delictivo.
Y por eso que debemos exigirle energica mente al gobierno asumir su responsabilidad en resguardo del derecho a la vida e integridad física de sus ciudadanos.
Esta ausencia de poder se refleja en la falta de decisión y coraje por parte del gobierno, para llevar a cabo una política clara y efectiva y así combatir y reprimir dura mente la delincuencia desbordada, que se ha apoderado de las calles bajo el amparo de la oscuridad de la noche y la impunidad de la justicia venezolana para cometer sus crímenes y fechorías.
La historia se repite como el cuento de nunca acabar, al ver con indignación como a diario se reseña en la prensa las decenas de muertes que se cometen en las principales capitales del país a manos del hampa común, bajo la mirada impotente e indolente de los cuerpos policiales y la desidia del gobierno nacional, que no ha comprendido de una vez por todas las verdaderas dimensiones del problema que representa la delincuencia en este país como repercute en la sociedad venezolana, ya que los altos personeros gubernamentales no sufren en carne propia como el ciudadano común las arremetidas del hampa, al no sentirse amenazados y angustiados de ser asaltados, asesinados, violados y vejados, pues tienen sus guarda espaldas pagados con el dinero del Estado que los proteja.
En el ambiente de las principales ciudades del país se percibe el temor y la angustia de la ciudadanía, que se ve en la imperiosa nece4sidad de armarse hasta los dientes para defenderse ante la total indefensión en la que vive, o encarcelarse entre rejas, murallas y alcabalas en sus casas para contener un poco el auge delictivo.
La gente está en zozobra y vive en una especie de paranoia colectiva, ante el peligro inminente de ser atracado o asesinado al salir a la calle para realizar labores cotidianas.
Pues el gobierno nacional regional debe garantizar la vida, la seguridad personal y los bienes materiales de los venezolanos como está estipulado en la Constitución nacional.
El Estado ha perdido el control absoluto del problema de la delincuencia en este país, se le ha escapado de las manos su solución, que no sólo consiste en reprimirla y combatirla ferozmente ; sino mejorar las condiciones de miseria y hambre en que vive la mayoría de los venezolanos, siendo esto un caldo de cultivo para el auge delictivo.
Y por eso que debemos exigirle energica mente al gobierno asumir su responsabilidad en resguardo del derecho a la vida e integridad física de sus ciudadanos.
Publicado El Portavoz, Coro, 9 al 29 de Mayo de 1.992.
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